Enlazando con la última entrada "Consideraciones y reflexiones sobre la Industria del Desarrollo de Software en la actualidad", a continuación nos centraremos en la provisión de software y el aseguramiento de la calidad de las soluciones adquiridas en procedimientos de licitación dentro de las Administraciones Públicas.
A día de hoy, infraestructuras y soluciones de base tecnológica integran el soporte crítico de muchos de los servicios destinados a la ciudadanía. Este hecho, constatado sobradamente durante los últimos años, se reafirma con la Ley 11/2007, de 22 de junio, sobre el acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Comúnmente conocida como “Ley de Administración Electrónica”, recordamos su principal objetivo: Consagrar la Administración Electrónica en el marco jurídico español y elevar su concepto a la categoría de derecho de los ciudadanos. Es por todo ello que los ciudadanos, como contribuyentes y principales beneficiarios, están en su derecho de solicitar y recibir servicios de calidad en terminos de fiabilidad, seguridad y accesibilidad.
Tomando como referencia el extenso informe de INTECO "Estudio sobre la certificación de la calidad como medio para impulsar la industria de desarrollo del software en España”, observamos que las nuevas exigencias de calidad suponen una de las principales causas del incremento de la competitividad según empresas españolas. ¿Qué entidad u organismo debería impulsar la adopción de modelos de calidad en la empresa española? Según datos recogidos en el mismo informe, esta responsabilidad debería recaer sobre la Administración Pública en un porcentaje del 39,4%, ampliamente superior al resto de respuestas contempladas (cliente: 24,2%, entidades intermedias: 21,2%, la propia empresa: 15,2%).
Teniendo presente las consideraciones anteriores y las relativas a la industria del desarrollo de software, en el entorno de las Administraciones Públicas se hace indispensable la definición y puesta en marcha de procedimientos que garanticen la recepción de productos software de calidad procedentes de las empresas adjudicatarias.
Actualmente, en España ya son varias las entidades públicas que confían en modelos de calidad reconocidos en la industria del desarrollo de software, tales como ISO-15504/SPICE o CMMI. Las certificaciones asociadas a estos modelos cada vez son más valoradas a la hora de competir en este tipo de proyectos. Por otra parte, también es cierto que no todas las organizaciones, bien por su naturaleza y/o recursos limitados, pueden permitirse implantar estos modelos de calidad y obtener las certificaciones asociadas. En líneas generales, este factor supone una barrera importante para un elevado número de empresas desarrolladoras de software a la hora de optar a licitaciones públicas, lo cual no implica necesariamente que sus productos dejen de ser productos válidos.
En este complejo escenario donde conviven Administración Pública, empresas desarrolladoras de software y clientes/usuarios (ciudadanos), resulta extremadamente difícil establecer un punto de equilibrio en el que, teniendo presente la capacidad y los recursos limitados de muchas empresas tecnológicas, sea posible garantizar que los usuarios finales acaban recibiendo los servicios de calidad esperados.
Como primera aproximación, una solución viable podría consistir en la definición y puesta en marcha de un servicio externo de verificación y validación indepediente, imparcial y, al mismo tiempo, complementario, compatible e integrado con las actividades de aseguramiento y control interno llevadas a cabo por el proveedor del desarrollo. Este marco de actuación ya está siendo aplicado con éxito en algunas comunidades autónomas. Véase el caso pionero de Extremadura a través del Centro de Excelencia del Software José de Espronceda (CESJE) y su área de Certificación y Calidad del Software. En una próxima entrada hablaremos de los factores claves de éxito y otros aspectos relacionados con este marco de actuación propuesto.
Como primera aproximación, una solución viable podría consistir en la definición y puesta en marcha de un servicio externo de verificación y validación indepediente, imparcial y, al mismo tiempo, complementario, compatible e integrado con las actividades de aseguramiento y control interno llevadas a cabo por el proveedor del desarrollo. Este marco de actuación ya está siendo aplicado con éxito en algunas comunidades autónomas. Véase el caso pionero de Extremadura a través del Centro de Excelencia del Software José de Espronceda (CESJE) y su área de Certificación y Calidad del Software. En una próxima entrada hablaremos de los factores claves de éxito y otros aspectos relacionados con este marco de actuación propuesto.
(continuará...)
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